La reciente iniciativa del gobierno mexicano de cambiar la forma en que se seleccionan los jueces de la Suprema Corte ha generado un debate que toca el corazón de los principios democráticos. Al proponer que los jueces sean elegidos por voto popular, el gobierno abre la puerta a una posible manipulación, lo que genera preocupaciones sobre la integridad del poder judicial. Esta iniciativa refleja un desafío más amplio que enfrentan muchas democracias hoy en día: ¿Cómo aseguramos que las personas en posiciones de poder sean elegidas por su mérito y no solo por su atractivo para las masas?
Este debate no se limita solo a los jueces; se trata de la naturaleza misma de la democracia. ¿Deberían los líderes—ya sea en el poder judicial, la presidencia o cualquier otro rol crucial—ser seleccionados en función de su capacidad para desempeñar el trabajo, o debería prevalecer siempre la voluntad del pueblo, por muy influenciada o manipulada que esté? Esta pregunta es especialmente pertinente en un escenario político donde el gobierno tiene un control significativo sobre la educación y los servicios públicos, a menudo presentándolos como “beneficios gratuitos” para la población.
La Ilusión de los “Beneficios Gratuitos”
Una de las ideas más extendidas en la política moderna es que los gobiernos proporcionan “beneficios gratuitos” como la atención médica y la educación. Estos servicios, en realidad, son financiados por los contribuyentes. Sin embargo, los gobiernos suelen presentarlos como regalos al público, creando una narrativa de dependencia en lugar de una de inversión compartida. Este encuadre puede ser particularmente poderoso durante los ciclos electorales, donde las promesas de expandir los servicios “gratuitos” se utilizan para atraer a los votantes, a menudo sin una explicación clara de cómo se financiarán estos servicios de manera sostenible.
Esta tergiversación distorsiona la relación entre los ciudadanos y el Estado. En lugar de ver la atención médica y la educación como derechos que se pagan colectivamente, las personas pueden empezar a verlos como favores concedidos por aquellos en el poder, lo que lleva a un sentimiento de dependencia en lugar de empoderamiento.
El Peligro de una Educación Politizada
La educación es un pilar fundamental de una democracia funcional. Proporciona a los ciudadanos el conocimiento y las habilidades de pensamiento crítico necesarias para tomar decisiones informadas. Pero, ¿qué sucede cuando el gobierno controla la educación pública y la utiliza para difundir sus propias ideas? Cuando el currículo se diseña no para fomentar el pensamiento independiente, sino para reforzar la narrativa del partido gobernante, la educación se convierte en una herramienta de poder en lugar de un camino hacia el empoderamiento.
En tal escenario, a los estudiantes se les enseña no a cuestionar el statu quo, sino a aceptarlo. La historia se reescribe, las realidades políticas se distorsionan y las teorías económicas se presentan de maneras que benefician a quienes están en el poder. Con el tiempo, esto puede erosionar las habilidades de pensamiento crítico que son esenciales para una democracia saludable, dejando a los ciudadanos más susceptibles a la manipulación.
La Voluntad del Pueblo: ¿Un Concepto Defectuoso?
La idea de la “voluntad del pueblo” es central en la democracia. Asume que, cuando se les da la oportunidad, las personas tomarán decisiones que reflejan el bien común. Sin embargo, esta suposición puede ser demasiado idealista. Muchos votantes están más preocupados por cuestiones inmediatas, como mantener a sus familias, que por ideales abstractos o metas sociales a largo plazo. Este enfoque práctico es comprensible, pero complica la noción de que las elecciones democráticas son puramente sobre el bien colectivo.
Cuando los gobiernos explotan esta realidad ofreciendo alivios financieros a corto plazo u otros incentivos, pueden manipular el proceso electoral. Los votantes pueden elegir candidatos no en función de sus calificaciones o visión para el futuro, sino de quién promete los beneficios más inmediatos. Esto no solo socava la integridad del proceso electoral, sino que perpetúa un ciclo en el que se eligen líderes por su capacidad de apaciguar al público a corto plazo en lugar de por su competencia o visión a largo plazo.
Hacia una Democracia más Transparente
Para enfrentar los desafíos que hemos discutido, es fundamental reformar la manera en que entendemos y gestionamos la educación, la transparencia gubernamental y el rol del Estado. Aquí te propongo tres pasos clave para avanzar hacia una democracia más auténtica y efectiva:
- Educación Libre y Opcional: La educación debe ser un proceso libre, donde cada persona tenga la oportunidad de elegir qué tipo de educación recibir y dónde. En lugar de que el gobierno controle la educación pública y la utilice para propagar su ideología, debería ofrecer vales educativos que los ciudadanos puedan canjear en la escuela de su elección, ya sea pública o privada. De esta manera, se fomenta la diversidad educativa y se promueve una competencia saludable que puede mejorar la calidad de la educación en general. Este sistema no solo respeta la libertad individual, sino que también reduce el riesgo de que la educación sea utilizada como herramienta de manipulación política.
- Prohibición de la Propaganda de “Servicios Gratuitos”: Debe ser completamente ilegal que el gobierno afirme que algo es “gratuito”. Es fundamental que los ciudadanos comprendan que los servicios públicos, como la educación y la salud, no son regalos, sino que se financian con los impuestos que todos pagamos. El dinero no aparece de la nada, y es un deber del gobierno ser honesto sobre cómo se financian los servicios. Además, deben establecerse leyes claras y consecuencias severas para los gobernantes que incurran en corrupción o que manipulen la información financiera para mantener su poder. Esto fomentará una mayor transparencia y responsabilizará a los líderes políticos.
- Replanteamiento del Rol del Gobierno: Definir qué servicios son esenciales es una tarea compleja y subjetiva, ya que lo que puede ser esencial para unos no lo es para otros. Sin embargo, un principio básico es que el rol del gobierno debería centrarse en garantizar la protección de la propiedad privada y asegurar que ningún crimen quede impune. Al enfocarse en estas funciones fundamentales, el gobierno puede crear un entorno donde los ciudadanos tengan la libertad de perseguir sus propios intereses y donde se respeten sus derechos individuales. Este enfoque limitado del gobierno podría reducir el riesgo de abusos de poder y corrupción, y permitir una mayor responsabilidad en la gestión pública.
La propuesta del gobierno mexicano de cambiar la forma en que se seleccionan los jueces es un recordatorio del delicado equilibrio que requiere la democracia. Si bien dar poder al pueblo es un principio fundamental, debe gestionarse cuidadosamente para asegurar que no conduzca a la erosión de un gobierno basado en el mérito. Al promover la transparencia, garantizar la independencia educativa y replantear los servicios públicos como inversiones compartidas en lugar de regalos gratuitos, podemos trabajar hacia una democracia más sólida y genuina. Los desafíos son grandes, pero la integridad de nuestras instituciones democráticas vale el esfuerzo.
